Morenistas respaldan licencia de Rubén Rocha Moya ante crisis en Sinaloa

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presentó formalmente una solicitud de licencia para separarse de su cargo este domingo 23 de agosto de 2026. La decisión, que ha generado diversas reacciones en el espectro político nacional, fue respaldada por integrantes de la bancada de Morena en el Congreso de la Unión, quienes señalaron que esta medida responde a la necesidad de salvaguardar la gobernabilidad y la integridad de las instituciones frente a los recientes desafíos de seguridad en la entidad.

Ignacio Mier, destacado legislador del movimiento, afirmó que la determinación del mandatario estatal es un acto que honra su trayectoria política y su compromiso con los principios de la Cuarta Transformación. Según fuentes cercanas al grupo parlamentario, los legisladores consideran que el retiro temporal del gobernador permitirá que las investigaciones en curso y los procesos de pacificación en Sinaloa se desarrollen sin las presiones inherentes a la titularidad del Poder Ejecutivo estatal.

Desde la óptica de los simpatizantes del proyecto gubernamental, la renuncia temporal se interpreta como una medida de responsabilidad institucional. Argumentan que, ante la complejidad de la situación que atraviesa la región, era fundamental evitar que la figura del gobernador fuera utilizada como un factor de desgaste para la administración federal y los programas de bienestar que se implementan en el territorio sinaloense.

Por su parte, los representantes del partido han hecho un llamado a mantener la unidad y la calma durante el periodo de transición que vivirá el estado. Se espera que, en los próximos días, el Congreso local discuta y, en su caso, apruebe la designación de un encargado de despacho que asuma las funciones administrativas y de coordinación con las fuerzas de seguridad federales, como la Guardia Nacional y la SEDENA, para garantizar el orden público.

Esta salida se suma a una serie de movimientos políticos en el noroeste del país, donde la atención se centra en la contención de la violencia y la recuperación de la normalidad en las actividades económicas. Los integrantes de la coalición gobernante han enfatizado que la prioridad es que las instituciones sigan funcionando y que los procesos de fiscalización y justicia continúen su curso legal sin injerencias políticas.