SCJN ordena juzgar desapariciones de mujeres defensoras con perspectiva de género
El pleno de la Suprema Corte determinó que los jueces deben aplicar obligatoriamente un enfoque de género e interseccionalidad en casos de desaparición de activistas.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución histórica al establecer que los juzgadores tienen la obligación, y no la opción, de aplicar una perspectiva de género e interseccionalidad al investigar y juzgar casos de desaparición de mujeres defensoras de derechos humanos. Este fallo busca garantizar que la labor de defensa de derechos no sea un factor que obstaculice la justicia, reconociendo que este grupo enfrenta riesgos diferenciados por su activismo en contextos de violencia social.
La determinación judicial subraya que la perspectiva de género no es un elemento accesorio, sino un requisito indispensable para el debido proceso. Los ministros enfatizaron que las autoridades deben analizar las condiciones de vulnerabilidad específicas de las víctimas, considerando factores como su identidad, su entorno geográfico y la naturaleza de las causas que defendían, evitando así la revictimización y la impunidad en las carpetas de investigación.
Con esta decisión, la SCJN obliga a jueces de todo el país a romper con los estereotipos que históricamente han minimizado la gravedad de las agresiones contra mujeres en el ejercicio de su labor. La Corte señaló que ignorar la interseccionalidad en estos procesos impide que el Estado cumpla con su deber de debida diligencia, especialmente cuando la desaparición guarda una relación directa con la defensa de derechos colectivos o territoriales.
El alcance de esta resolución impacta directamente en el trabajo de las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), quienes deberán ajustar sus protocolos de investigación para cumplir con los estándares constitucionales fijados. La sentencia establece que cualquier omisión en la aplicación de este enfoque será considerada una violación al derecho de acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas y sus familias.
Organizaciones de la sociedad civil han recibido con expectativa este avance legal, señalando que la efectividad de la medida dependerá de la capacitación continua de los operadores judiciales. Por su parte, el Poder Judicial de la Federación se ha comprometido a implementar los lineamientos necesarios para que esta perspectiva sea aplicada de manera uniforme en todas las instancias judiciales del territorio nacional.
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